Es indiscutible que la entrada en vigencia del Código Procesal Penal emergió como la modificación más importante que ha experimentado el sistema de enjuiciamiento criminal chileno durante este siglo. En efecto, el advenimiento del citado estatuto jurídico generó múltiples consecuencias respecto a la forma de concebir la operatividad de la justicia penal, tanto desde un punto de vista orgánico como funcional, ajustando, entre otras, las directrices de la persecución y juzgamiento a los estándares requeridos para garantizar un adecuado y debido proceso.

De esta forma, el tránsito de un sistema inquisitivo hacia uno acusatorio adversarial marcó, sin lugar a duda, un hito en la estructura y funcionamiento del proceso penal nacional, dando con ello cumplimiento a los requerimientos internacionales que se encontraban pendientes de satisfacción de parte del Estado Chileno.