El aumento sostenido de la recurrencia y severidad de los incendios forestales en Chile, atribuible tanto al cambio climático como a factores antrópicos, ha desplazado el análisis jurídico desde la mera reparación del daño hacia el diseño de deberes de prevención. En ese desplazamiento, la infraestructura eléctrica ocupa una posición singular: se trata de una actividad de servicio público, sujeta a una obligación de continuidad, cuyas redes atraviesan extensas superficies de terreno forestal y no forestal, sujetos a regulación propia e intereses particulares que deben convivir con la referida actividad de servicio público.
La cuestión que ello plantea es compleja. Concurren órganos públicos con competencias superpuestas –CONAF, SENAPRED, municipalidades, delegaciones presidenciales, Bomberos– junto a los órganos sectoriales eléctricos, la CNE y la SEC, cada uno con técnicas de intervención propias: autorizaciones, instrumentos de gestión, programas de mantención y potestades sancionadoras. Sobre los particulares –concesionarios eléctricos, propietarios forestales y no forestales– pesan, a su vez, cargas públicas cuya extensión y razonabilidad distan de ser pacíficas.
Cuando el incendio se produce, el análisis se traslada al terreno de la responsabilidad. En sede civil, se discute si el régimen aplicable es de responsabilidad objetiva o de culpa por infracción reglamentaria. En sede penal, la discusión alcanza los tipos de incendio del Código Penal y de la Ley de Bosques, su vinculación con la Ley de Delitos Económicos y con la responsabilidad penal de las personas jurídicas involucradas.
El presente curso aborda estas materias de manera sistemática, integrando la perspectiva regulatoria, la administrativa sancionadora, la civil y la penal, con atención a la experiencia comparada, en particular a la desconexión preventiva desarrollada en California y a su contraste con el marco chileno vigente.
Abogados/as, Jueces y Juezas, Ministros/as de Cortes de Apelaciones, abogados/as de órganos de la Administración del Estado, profesionales de empresas del sector eléctrico y forestal, y demás profesionales vinculados al derecho público y regulatorio.
