El proceso constituyente que se ha iniciado en nuestro país, impulsado por las masivas movilizaciones ciudadanas del año 2019 y que ha sido encauzado institucionalmente mediante la participación democrática del pueblo, inaugura un nuevo ciclo de cambio político, institucional y normativo. En efecto, el itinerario constitucional que se inició con el plebiscito de 25 de octubre de 2019 —con una inédita participación en las urnas— ha abierto un intenso debate sobre los contenidos constitucionales que a partir de las próximas semanas se centrará en el trabajo de la Convencional Constitucional recientemente electa, mandatada a redactar una proyecto de Constitución que deberá ser refrendada por el cuerpo electoral mediante referéndum, con el objetivo de dotar de plena legitimidad democrática el nuevo texto constitucional.

 Lo anterior no sólo tiene una significación política y social de primer orden, sino también —y principalmente— jurídica o normativa. Ciertamente, los cambios constitucionales en contextos democráticos junto con involucrar el conjunto de actos que conducen a la aprobación popular de una nueva Constitución, comprenden, además, el diseño de nuevas estructuras políticas e institucionales, la discusión en torno a los derechos fundamentales y sus mecanismos de protección, el debate sobre distribución poder —tanto territorial, social, político, como económico—, la continuidad de determinadas instituciones presentes en la tradición constitucional del país o bien su indispensable corrección o derechamente su reemplazo, con consecuencias en el orden jurídico constitucional vigente. 

A lo anterior, cabe agregar, la singularidad del proceso constituyente chileno, en particular en la conformación del órgano encargado de redactar la nueva Constitución, en que destacan la paridad de género, la reserva de escaños reservados y la participación de independientes y de personas con discapacidad en las elecciones de convencionales constituyentes, lo cual invitan abordar el proceso constituyente desde sus diversas dimensiones y tópicos con el fin de realizar un acabado análisis de sus proyecciones y alcances.

Frente a la relevancia nacional del cambio constitucional y los desafíos que representa para la comunidad jurídica, el Instituto de Estudio Judiciales como parte de su permanente esfuerzo de fomentar espacios de reflexión y debate sobre temas de alcance nacional, ha diseñado el Curso de Constitucionalismo y Nueva Constitución como una instancia de formación y capacitación profesional para abogados, abogadas, académicas, académicas, juezas y jueces con el fin de entregar las herramientas, habilidades y contenidos en el marco del proceso constituyente que se desarrolla en nuestro país.